Este detalle de ejecución del presupuesto nunca había sido dado por la institución que optó por transparentarlo luego del millonario desfalco de más de $28 mil millones por la que es indagada la policía uniformada.
El general director de Carabineros, Hermes Soto, presidió este lunes la primera cuenta pública financiera de la institución, en una ceremonia realizada en dependencias de la 38ª Comisaría de Puente Alto.
A la actividad asistieron el jefe de la División de Carabineros, Aquiles Cubillo; el jefe del Departamento de FF.AA. y Seguridad de la Contraloría General de la República, Ricardo Provoste, entre otras autoridades.
En la ocasión el director de Finanzas de la policía uniformada, general René Ureta, dio a conocer la ejecución del presupuesto año 2017, destacando los ingresos y egresos que la institución tuvo durante el año recién pasado.
Dentro de las cifras que destacaron, estuvo el ingreso total de la Institución que asciende a la cifra de $1.088.911.495.000 (US$ 59.424.000).
De éstos ingresos $865.457.487.760 equivalen a gastos en personal y remuneraciones, entre otros.
En este punto es importante destacar que este ítem está siendo auditado por la Contraloría General de la República, así como por parte de una empresa que se acaba de adjudicar vía licitación pública esta revisión, señaló Ureta.
Dentro de los egresos también se encuentra la compra de vehículos, de vestuario, combustible, arriendos, pago de servicios, construcción y mejoramientos de cuarteles. Entre ellos está la reposición de la 56ª comisaría de Peñaflor, la 7ª comisaría de Chiguayante, la 66ª comisaría Bajos de Mena, entre otras.
En total durante el año 2017 se logró la ejecución de casi el 98% del presupuesto.
Tras concluir la cuenta, el máximo jefe de la institución fue consultado por el millonario fraude de más de $28 mil millones en la institución.
“Respecto a lo del fraude he sido súper enfático, que eso nosotros no lo vamos a permitir, espero que nunca más en la historia de la institución vuelva a ocurrir. Y estamos solicitando todos aquellos elementos que nos permitan mantener un control permanente de las finanzas institucionales, sean internas o externas. Si es necesario contratar empresas para que nos auditen de forma periódica los vamos a hacer”, dijo Soto.
Sostuvo, además, respecto al cálculo del monto total defraudado que “es una medición que se hizo de los últimos 10 años, desde el 2017 hacia atrás. O sea, son en realidad 2.800 millones al año en promedio (lo defraudado)”, añadiendo que durante estos diez años “dejamos de construir 10 comisarías con el fraude que se cometió”.
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