Esta semana, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará el recurso presentado por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien desde el lunes pasado se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario anexo Capitán Yáber. El recurso, interpuesto el sábado, busca revocar la decisión de la jueza Paulina Moya del 3º Juzgado de Garantía de Santiago, quien determinó la medida cautelar.
La jueza Moya justificó su decisión alegando que la presencia de Jadue en el municipio representaría un riesgo, ya que podría retomar el control de los recursos públicos. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía Centro Norte y acogida debido a los cargos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco que pesan sobre Jadue, en relación con su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde ejerció como presidente.
El abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, argumenta que "no existen antecedentes calificados" que justifiquen la prisión preventiva y que el tribunal "pierde de vista los fines de esta medida cautelar". Además, Sepúlveda presentó como argumento la delicada salud de la madre del alcalde, de 80 años, quien padece de hipertensión arterial y diabetes, condiciones que podrían empeorar debido a la situación de su hijo.
En sustitución de la prisión preventiva, la defensa propone medidas cautelares alternativas como firma mensual, arraigo nacional y arresto domiciliario parcial o total.
Por su parte, la Fiscalía Centro Norte y los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado y Best Quality, insisten en mantener la prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos imputados a Jadue.
el martes pasado a las 18:19
el martes pasado a las 11:25
hoy a las 12:38
La defensa del exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones para que la medida cautelar, sea cumplida en su casa.
hoy a las 13:38
El diputado Lavín es investigado por su posible vinculación en el fraude al fisco y la falsificación de documentos, tras el allanamiento de su oficina y residencia.