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Ancud: cámaras mostrarían eventual «tongo» tras presunto ataque a residencia sanitaria

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Controversia y rechazo generalizado, especialmente en funcionarios de Gobierno, provocó durante este lunes un cacerolazo que se realizó a las afueras de la que hasta ese momento era una supuesta residencia sanitaria para pacientes COVID-19 en la ciudad de Ancud, lugar (y convenio) que se había mantenido en secreto sin informar a la comunidad ni a las autoridades locales hasta que trascendió.

Tal y como consignó La Opinión de Chiloéel lugar se trata del Hotel y Cabañas Queltehue ubicado en calle Baquedano, cuyo arriendo fue mandatado por el Hospital San Carlos de Ancud bajo un peculiar sigilo. Incluso el propio alcalde de la comuna, Carlos Gómez Miranda, no tenía conocimiento del acuerdo.

En efecto, el viernes de la semana pasada se comenzó a gestionar la orden de compra respectiva la que sólo se concretó el lunes a través del documento ad hoc n.° 2048-1240-SE20 del 11/05/2020 por un monto mensual a pagar de $1.428.000.-; se entregó llave en mano, vale decir, la administración completa del sitio de diez habitaciones quedó a cargo del nosocomio local, por lo que los gastos por servicios correrán por cuenta del Estado. El arriendo será por tres meses.

Pues bien, la movilización tipo cacerolazo se realizó, arribó el alcalde para dialogar con los vecinos, se comprometió a gestionar una conversación con directivos del Servicio de Salud Chiloé para que se les informe esta medida sanitaria, y luego todos se retiraron a sus hogares.

Sin embargo, a poco de finalizar la manifestación, comenzaron a aparecer una serie de rumores que aludían a un supuesto ataque en masa al lugar, amenazas a trabajadores de la salud en la calle y amedrentamientos, sumándose supuestos actos vandálicos. Frases del tipo «un grupo de manifestantes se apostaron en la residencia sanitaria para apedrear el lugar» incluso provocaron alarma y rechazo en general.

Durante el martes, se llevó a cabo la reunión tipo informativa en dependencias municipales pero ya a esas alturas el supuesto incidente en masa era replicado en varios espacios, aunque principalmente en la voz de autoridades del gobierno.

En tal marco, Andrés Neira, vocero de los vecinos, salió a desmentir lo que se argüía aseverando también que era falso que ellos se hubieran manifestado en contra de los pacientes o trabajadores del área de la salud. Al respecto indicó que: «nosotros no estamos en contra de la gente que va a llegar a ese lugar, lo que nosotros queremos es que los lugares que se habiliten para las personas que estén delicadas de salud sean los mejores espacios que puedan tener».

Agregó que «yo, si tuviera un familiar contagiado, no me gustaría que estuviera en ese lugar porque podría colapsar en cualquier momento», indicando una serie de presuntas falencias de infraestructura que al menos en el invierno pasado constataron como vecinos, las que no habrían sido subsanadas.

Los residentes redactaron con posterioridad una carta, aclarando que eran completamente falsas aquellas versiones que aludían a una supuesta acción tendiente a discriminar a alguien por su condición de salud y menos por tener COVID-19, recordando a la ciudadanía que sólo a pasos de la residencia se encuentra el Centro Médico San José que incluso se cerró temporalmente por la presencia de un positivo, y que obligó a contactar a más de 180 personas como posibles contactos directos. En ese caso, dijeron, ellos nunca se manifestaron ni estamparon reclamo alguno, por lo que resulta improcedente aludir siquiera a la existencia de alguna actitud discriminadora ante alguien con coronavirus.

Así, indican que «el reclamo de los vecinos del sector Baquedano es muy específico, a simple vista el complejo denominado Hotel Queltehue no cumpliría con las condiciones mínimas de estabilidad y habitabilidad legal certificada que compete a toda construcción, y no sería a nuestro juicio una estructura segura para el alojamiento de personas, y menos aún de pacientes que requieren aislamiento social».

«Como vecinos hemos sido testigos de su cuestionable construcción y funcionamiento», dijeron, detallando una serie de falencias adscritas a la Normativa vigente sobre urbanismo y construcción como por ejemplo, falta de estacionamiento, vías de evacuación desde el segundo piso, ventilación apropiadas, deficiente maneo de aguas lluvias que termina por inundar regularmente a un vecino, un acceso trasero que sería una vía de emergencia del primer piso lleno de basura, no demarcado.

Quien sería el dueño de esa propiedad ya ha tenido roces con el municipio, los que han llegado incluso a la Corte Suprema luego que se ordenara demoler otra construcción que violó la normativa vigente. El máximo tribunal le dio la razón al consistorio.

Las versiones circulando de lo que pasó son bastante confusas, repitiéndose la palabra «ignorancia» por parte más de algún funcionario de gobierno hacia la ciudadanía. Eso sí, las declaraciones han ido variando con las horas.

Por ejemplo, Erik Poblete, Director del Servicio de Salud Chiloé, indicó el martes que «[la instalación] ayer fue apedreada y tuvimos que sacar a dos pacientes de la residencia sanitaria, de cuatro, porque estaban en inminente peligro (…) el desconocimiento no nos puede llevar a estos actos que se pueden llamar ilícitos eventualmente».

Ante la interrogante sobre la existencia de heridos, dijo: «no de momento, si hubo daño a la propiedad apedreadas de vidrios, puertas, el acceso principal fue dañado, entonces tenemos que ponerle un freno y vamos a usar todas las medidas que nos impone la ley, y eso es un tema para todas las residencias sanitarias».

Posteriormente, salió a informar que habían hecho una denuncia ante la Fiscalía de Ancud, instancia donde se apreció un primer cambio en la versión. Junto con reafirmar que el espacio «fue agredido con piedras lamentablemente exponiendo a todo el equipo médico que asiste a pacientes (…) tuvimos que sacar a los que se encontraban en el lugar, eran tres personas, y tuvimos que trasladarlas al hospital.

Mientras tanto, en su informe diario el día martes, la Seremi de Salud, Scarlett Moltt, abordó este tema asegurando: «nosotros repudiamos absolutamente la situación ocurrida ayer bajo muchos puntos de vista; el primero es que nadie merece un trato discriminatorio a la hora de tener un diagnóstico y tener que accedes a posibilidad de recuperación«.

Añadió que las residencias sanitarias son establecimientos que hoy día se encuentran protegidos por la alerta sanitaria, y el Ministerio de Salud ha instruido disponerlas para asegurar el cumplimiento de casos de cuarentena para pacientes que tengan una indicación de supervisión.

Es gravísima la situación que se dio ayer y estamos viendo tanto con Intendencia como con el Servicio de Salud de Chiloé cuáles van a ser las medidas de toma de acción desde el punto de vista de las denuncias penales que haremos en contra de quienes resulten responsables», continuó.

Luego, las horas siguieron pasando y la versión otra vez comenzó a cambiar. En esta ocasión el subdirector médico del Servicio de Salud Chiloé, Luis Ferrada, declaró: «no puedo más que condenar esta actitud irracional de personas que atacan un establecimiento destinado a proteger a las personas, o sea, a ellos mismos, de aquellos que pueden ser contagiantes que sin saberlo puedan encontrarse en la calle u otras partes».

Afirmando luego que «en el lugar no habían pacientes, primero no había nadie internado, eso es un hecho».

«Es más, este grupo de personas impidió que una madre con su pequeño hijo puedan ir a hacer una cuarentena a ese lugar, por lo tanto si entraban o salían personas, eran aquellas que estaban adecuando el lugar para que pudiéramos llevar durante la tarde-noche de ayer a esta madre que no tiene las condiciones y está con su hijo positivo, necesitando estar juntos en una residencia sanitaria», dijo.

Pues bien, tras estas aseveraciones que aludían a un supuesto acto violento grupal registrado a las afueras de esta residencia sanitaria, La Opinión de Chiloé procedió a cotejar con fuentes independientes si aquello realmente ocurrió, y en todos los casos solamente se arguyó la existencia de un cacerolazo callejero. Además, se revisaron diversos vídeos y fotografías subidas en redes sociales donde no habían indicios de que hubiera habido algo como lo que se comentaba, e incluso se observaba a varios Carabineros apostados en el lugar sin incidentes.

Entonces, ¿es real o ficticio el supuesto apedreo al lugar, la ida en masa a dañar la infraestructura, el intento de forzar la entrada o la presunta «evacuación» de pacientes o el traslado de alguna persona al hospital?. Lo cierto es que eso deberá determinarlo el Ministerio Público de Ancud, aunque a priori se puede indicar que hay varias falsedades de las que incluso hicieron eco las autoridades de Gobierno.

En este contexto, La Opinión de Chiloé accedió a un vídeo de vigilancia justo al frente del lugar, y que tiene una duración de varias horas (cuya factibilidad técnica para ser compartida con la comunidad aún es evaluada). El registro, que ya estaría en poder del Ministerio Público de Ancud tras ser requerido por la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros, es decidor y desmentiría preliminarmente una serie de versiones que por ahora serían categóricamente falsas, revelando que la movilización fue pacífica y que incluso tuvo resguardo policial sin intervención, vale decir, habían Carabineros junto a los manifestantes sin existir algún detenido.

¿Fue un tongo concertado por quién o quiénes? ¿acaso se intenta desviar la atención respecto a que se están desembolsando fondos públicos en este recinto que alguna vez fue una Escuela de Conductores y que funcionaba como Hotel y Cabañas con documentación que el Municipio no poseería para avalar el cumplimiento de la normativa sobre urbanismo y construcciones?

El vídeo en comento habla por sí sólo para apreciar que no se observa algún incidente como los que denunciaron públicamente varias autoridades vinculadas al gobierno. Se aprecia a un grupo de personas acercándose al frontis del recinto a las 18.47 horas con cacerolas y alrededor de las 20.14 horas, ya no quedaba ninguno de los asistentes; es más, a las 19.50 horas llegó el alcalde y el grupo comenzó a salir del frontis.

A las 19.04 horas, 18 minutos después de los que llegaron primero, arribó Carabineros. El cacerolazo continuaba y las presuntas pedradas, daño a la propiedad o funcionarios amenazados aún no se apreciaban. A las 19.27 horas se ve ingreso de un trabajador al Hotel y en ninguna parte se ve a algún manifestante acercándose; a las 19.30 horas se aprecia la llegada de otra trabajadora al recinto, y tampoco se aprecia algún incidente. A las 19.50 horas se repite lo mismo con otra persona y a las 20.13 horas de nuevo, pero ya a esa hora el cacerolazo había terminado.

No se observó el corte de la calle Baquedano ya que los pocos vehículos que transitaron en ese período lo hicieron sin inconvenientes. Algunos se acercaron a la fachada para tomar fotografías.

A las 21.00 horas ya no había persona en la calle. No se registró en las cámaras de seguridad algún acto vandálico, tampoco daños en el acceso o ventanales ni menos que hayan evacuado a persona alguna. Habrían diversas falsedades, contradicciones o inconsistencias en las declaraciones de algunos funcionarios de gobierno, algo extremadamente grave en período de pandemia.

La Opinión de Chiloé indagó de manera independiente, revisó horas de grabaciones, y no encontró indicio alguno de las acusaciones que han afectado a muchos vecinos de calle Baquedano, so pena de contraponerse a la versión «oficial» o supuestamente «autorizada». Siguiendo a Humberto Nogueira Alcalá que es citado en varios fallos de la Corte Suprema, «la facultad de las personas de emitir opiniones y realizar una crítica acerca de los agentes y órganos estatales es inherente al régimen democrático. Por lo que el derecho a criticar por medio de la libertad de opinión las maneras de ejercer el gobierno, la legislatura, la función judicial de un tribunal o del conjunto de la magistratura, están protegidas por la libertad de información o expresión, (…) aun cuando la crítica sea dura y de mal gusto». Esta nota, podría no gustar a varios.

FUENTE LA OPINION DE CHILOE

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Diputado Espinoza ingresa oficio a Gobierno regional por dictamen de Contraloría sobre faltas a la probidad cometidas por CORES de Chiloé

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El diputado PS por el Distrito 25, Fidel Espinoza Sandoval, ingresó esta mañana un oficio al Gobierno Regional para dar cuenta del dictamen de la Contraloría General de la República sobre faltas a la probidad cometidas por dos consejeros regionales de Los Lagos, específicamente de la Provincia de Chiloé.
De acuerdo al parlamentario, quien solicitó un pronunciamiento a la Contraloría respecto de la legalidad de las actuaciones del alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, y los aludidos consejeros, Federico Krüger Finsterbusch y Francisco Cárcamo Hernández fueron contratados por la Corporación Municipal de la comuna con sueldos millonarios, independiente del que obtienen como
consejeros regionales. “Estos señores, en sucesivas sesiones el Consejo Regional, votaron aspectos estrictamente beneficiosos para la propia Municipalidad de Castro, violando con ello los principios de la probidad administrativa”, aseguró Espinoza.
En ese sentido, el diputado por Los Lagos afirmó que “independiente de que los consejeros no son considerados funcionarios públicos, sí, según señala la Contraloría, le son aplicables todas las normas de la probidad administrativa”.
“Los consejeros regionales no pueden votar aspectos donde tengan eventuales conflictos de interés, como ocurre en este caso de Chiloé. Por tanto, es fundamental que el intendente Harry Jürgensen dé cuenta de este dictamen de Contraloría a todos los consejeros de Los Lagos, para que al menos uno de ellos, porque así lo exige la ley, entregue los antecedentes al Tribunal Electoral
Regional, para que estas personas sean destituidas de sus puestos”, indicó Espinoza.
Finalmente, el parlamentario socialista hizo un llamado a todos los consejerosregionales que hicieron su campaña basados en los principios de la transparencia y la probidad. “El día que asumieron en sus cargos juraron respetar la Constitución y las leyes de la República, por tanto, que realicen lo que deben efectuar, que es entregar estos graves antecedentes al Tribunal Electoral Regional, para que proceda a lo que la ley estipula en esta materia”,
concluyó.

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Ancud

Ancud: Junaeb impresiona a cientos de niños vulnerables con alimentos en mal estado

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Un escándalo de proporciones sacude, otra vez, a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en la región de Los Lagos luego que una sorpresiva e indignante situación comenzara a hacerse viral en varias comunas, incluyendo durante las últimas horas a Ancud, observándose fotografías y registros audiovisuales donde se aprecian larvas e insectos en las legumbres entregadas en las canastas familiares, además de una bebida láctea envasada en aparente mal estado.

En efecto, La Opinión de Chiloé constató que en todas las denuncias realizadas por padres y apoderados que recibieron canastas de la repartición estatal se repetía lo mismo: existencia de larvas y gorgojos (insectos) en legumbres como garbanzos y porotos. Sobre las cajas de una supuesta leche, cuya marca es Rikito, los reclamos aluden a que estaría descompuesta.

La marca es El Mulato, cuyo eslogan indica que su producto es de una supuesta «calidad premium». Las legumbres indican haber sido procesadas y envasadas por Expro Legumbres, empresa localizada en Rosario de la Frontera, en Salta, Argentina.

La Corporación Municipal de Ancud emitió un comunicado tras la seguidilla de reclamos que se repiten por parte de beneficiarios de establecimientos de su dependencia, aunque hay que mencionar que La Opinión de Chiloé también ha recepcionado reclamos desde establecimientos particulares subvencionados como el Seminario Conciliar por ejemplo.

«Con respecto a la entrega de la quinta caja de alimentos Junaeb durante esta semana, hemos estado recibiendo diversas denuncias y antecedentes de directores de los establecimientos, padres y apoderados de varias escuelas pertenecientes a nuestra comuna, quienes han evidenciado el mal estado de los productos, haciéndonos llegar a través de imágenes y vídeos de los alimentos, donde se observan y se presume productos como garbanzos la presencia de larvas», detallaron.

Asimismo, añaden, «una situación similar sucede con el mal estado de la leche y finalmente los alimentos no presentan en su rotulado la fecha de elaboración ni vencimiento». Aseveran que le informaron a la Directora Regional de la Junaeb y no han recibido respuesta, por lo que desde la Corporación llaman a no consumir los productos.

El alcalde de la comuna, Carlos Gómez Miranda, abordó este tema acotando que «esto es una situación gravísima que atenta contra la salud de las familias y que además menoscaba su dignidad. Estamos atravesando una de las peores crisis de salud y económica, de las últimas décadas, y este gobierno no ha estado a la altura, ni siquiera en la entrega de algo tan básico como una canasta de alimentos».

«Exigimos que esta situación sea subsanada y se repongan aquellos alimentos en mal estado, ya que se trata de un derecho de cada una de estas familias», agregó, precisando que «dentro de las próximas horas me reuniré con el equipo jurídico para estudiar acciones legales contra quienes resulten responsables».

Carolina Agüero, Directora del Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira de Ancud también se refirió a lo que está pasando: «qué lamentable, asqueroso e indignante para tantas familias que necesitan de estos alimentos», esbozando una crítica al rol de los establecimientos educacionales que recepcionaron los productos y los repartieron a sus estudiantes: «lógico que no hay un control de calidad, falta de fiscalización y monitoreo desde el interno de cada colegio», lanzó.

A este respecto, propuso una solución: «los nutricionistas harían el gran trabajo de hacer la educación familiar, abogacía por el control en las preparaciones con las empresas que se licitan, y su real administración para que los niños tengan una alimentación de calidad, es el minuto en que consideren a los nutricionistas como funcionarios de la salud en los establecimientos de educación».

M.C., una de las beneficiarias de las canastas, indicó tras recibir los productos en mal estado: «yo comento con mi familia qué clase de alimentos le dan a nuestros hijos en los colegios si a nosotros mismos no están dando las cosas que nuestro hijos se alimentan en los colegios. Qué pena para uno como madre pensar que a nuestros hijos les dan cualquier cosa que consuman».

Y.A. en tanto, dijo: «es demasiado esto jugar con la salud de los niños, más encima [una caja] para 15 días, a mi también me salió con bichos en los garbanzos y la leche, era suero, una tremenda irresponsabilidad de Junaeb».

C.E.A. arguyó: «qué terrible situación cuando no existe control de calidad a estos alimentos e intentan engañar a las familias entregándole alimentos en mal estado. Tampoco existen nutricionistas en las escuelas donde supervisen las preparaciones diarias de nuestros niños, nO Hay supervisión de ningún modo».

FUENTE :LAOPINIONDECHILOE

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